LOS 112 ENTES AUDITABLES PRESENTARON ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO, LAS CUENTAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022: DIP. RENÉ OYARVIDE IBARRA

SE REVISARÁN A FONDO LOS INFORMES DE LAS CUENTAS PÚBLICAS PARA DETERMINAR SI CUMPLIERON CON LAS NORMAS, PRESUPUESTOS, OBRAS, METAS, ACCIONES Y PROGRAMAS

El diputado René Oyarvide Ibarra, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, informó que, como lo establece el artículo 54 de la Constitución Política del Estado, los 112 entes auditables entregaron en el plazo establecido las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2022, con el fin de comprobar que se cumplan las normas, presupuestos, obras, metas, acciones y programas.

El diputado dijo que, fueron entregados en su totalidad todos los informes, lo que refleja el trabajo que se ha realizado por parte del Congreso del Estado, la Auditoria Superior del Estado y los Ayuntamientos.

Mencionó que ahora se dará cuenta al Pleno del Congreso del Estado, de todos los documentos recibidos y que los 112 entes cumplieron con lo establecido en la ley, posteriormente se remitirán los documentos a la Auditoria Superior del Estado, para que se generen las rutas necesarias y se lleven a cabo las auditorías a los diferentes entes.

Recordó que la Ley establece que, la Auditoría Superior del Estado gozará de autonomía para desarrollar sus facultades de fiscalización, así como para decidir sobre su funcionamiento y organización interna en los términos que disponga la ley. La función de fiscalización se regirá por los principios de legalidad, prosecución del interés público, imparcialidad, confiabilidad, y eficacia.

Oyarvide Ibarra recalcó que, San Luis Potosí es de los estados donde se castiga la omisión de este cumplimiento, pues de acuerdo a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, en caso de que algún ente auditable no presente su cuenta pública en los plazos establecidos, se hará acreedor a lo establecido en el Código Penal, como parte del delito de ejercicio ilícito de la función pública, con una pena de tres a siete años de prisión, y sanción pecuniaria de 300 a 700 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.