IMPULSAN REFORMAS A LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CONTEMPLA INTEGRAR LOS CONCEPTOS DE: PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL, ÓRGANO DE GOBIERNO, Y SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN: DIP. EDMUNDO TORRESCANO MEDINA
El diputado Edmundo Torrescano Medina propuso iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de integrar los conceptos de: plataforma digital estatal, órgano de gobierno, y sistema nacional de fiscalización.
La iniciativa define como Órgano de Gobierno, el órgano máximo de administración, gobierno y dirección de la Secretaría Ejecutiva; Órganos internos de control, a los órganos internos de control en los entes públicos; Plataforma Digital Estatal, al conjunto de mecanismos de recopilación, sistematización y procesamiento de información en formato de datos abiertos que genere e incorpore el Estado a la Plataforma Digital Nacional.
En su exposición de motivos, se indica que la última fecha de reforma realizada a esta ley se realizó en noviembre del año 2020, y al entrar al análisis, se puede observar que se omitieron ciertas disposiciones que pueden obstruir el buen funcionamiento del Sistema Estatal.
Estas omisiones van desde definiciones en el glosario, pasando por las atribuciones y la manera en que se integra el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana; mismos que tienen un papel fundamental en el Sistema Estatal.
Por ello, se busca con esta iniciativa avanzar y mejorar los esquemas normativos e institucionales que tenemos; para dotar y robustecer el marco normativo del Sistema Estatal Anticorrupción y enfrentar con más y mejores herramientas el problema de la corrupción en nuestro Estado.
Añade que la corrupción, como problema social, es un fenómeno complejo que debe abordarse desde un enfoque multidimensional para mejorar la comprensión de sus alcances y efectos en nuestra sociedad. Desde hace varios años, diversos estudios han demostrado las consecuencias nocivas que genera, especialmente en los procesos de desarrollo de los países que la practican, y más aún, para los que hacen de esta, un estilo de vida.
La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de Puntos Constitucionales; Gobernación; Justicia; y, Vigilancia.