CONGRESO DEL ESTADO REALIZÓ EL FORO “LA REVOCACIÓN DE MANDATO EN SAN LUIS POTOSÍ”: DIP. EDMUNDO TORRESCANO MEDINA
EL FORO ABONARÁ AL ANÁLISIS QUE SE REALIZA DE LA INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL PROMOVIDA POR EL DIPUTADO RUBÉN GUAJARDO
La Comisión de Puntos Constitucionales llevó a cabo el Foro “La Revocación de Mandato en San Luis Potosí”, con la participación de los ponentes Cristina Vizcaino Díaz, Claudia Aguilar Barroso, Miguel Ángel Sulub Caamal y Alejandro Díaz de León Mirabal, integrantes de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados.
Al respecto, el diputado Edmundo Torrescano Medina, presidente de esta Comisión, señaló que este foro abonará al análisis que se realiza de la iniciativa de reforma constitucional promovida por el diputado Rubén Guajardo en la materia, para establecer las acciones y mecanismos a seguir en materia de revocación de mandato al cargo de Gobernador del Estado, de acuerdo a las modificaciones federales en la materia.
“En ese ámbito debemos dar cumplimiento al transitorio constitucional del artículo 35 para generar un andamiaje legal muy bueno, que permita este ejercicio democrático de la revocación de mandato; nos falta perfeccionar y escuchar a todas las voces e incluir las experiencias que tuvimos el año pasado con el proceso federal, pero necesitamos generar una ley que sea fuerte, que sea dinámica y que pueda tener la mejor herramienta que puedan tener los ciudadanos que es el voto”.
En el tema, la ponente Claudia Aguilar Barroso indicó este es un tema reciente, ya que apenas en 2019 se incorpora esta figura en el texto Constitucional Federal, en su artículo 35, y el primer ejercicio federal fue el 10 de abril del 2022, donde se llevó a cabo la consulta de revocación de mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Destacó que de esta primera experiencia, se pueden tomar algunos aspectos importantes para fortalecer la propuesta en San Luis Potosí, por lo que este intercambio de ideas es importante para, junto con legisladores y autoridades electorales, establecer el diseño de este ejercicio.
“Yo creo que la figura de revocación de mandato se circunscribe con otros mecanismos, y que son de vital importancia en términos de participación ciudadana, con mecanismos de democracia directa; ahora siempre habrá interrogantes porque la pregunta que subyace es a ¿quién le sirve la revocación de mandato, le sirve al pueblo, a la ciudadanía, al electorado o le sirve al poder?”
El ponente Miguel Ángel Sulub consideró que la figura de Revocación de Mandato ha sido polémica, ya que busca incluir al ciudadano en la toma de decisiones sobre si debe o no de seguir en su cargo una autoridad por la que se votó en un inicio, por lo cual destacó la importancia de realizar un análisis sobre su eficacia y pertinencia en San Luis Potosí.
“Es una figura polémica porque puede ser tergiversada en su objetivo, en origen y esencia es algo que permite a la ciudadanía en general participar de forma directa para quitar la confianza a una persona que fue electa popularmente, pero muchas veces puede ser un mecanismo que el propio poder pueda usar para simular que el ciudadano está participando y anteponer sus intereses, por ello hay que analizar los datos que arroja la experiencia federal y los costos”.
La ponente Cristina Vizcaino Díaz destacó que una de las experiencias encontradas en el reciente ejercicio federal, fue el bajo presupuesto con que contó el INE para la realización de dicha consulta, así como los resultados de la ciudadanía.
Alejandro Díaz de León Mirabal manifestó algunas de las situaciones que se presentaron y que dieron origen a una baja en la participación ciudadana, lo cual originó que no se reuniera el 40 por ciento de participación de acuerdo al listado nominal, lo que la hizo no vinculatorio.
Dijo que de acuerdo a lo emitido por las autoridades electorales, en los resultados de la misma, se debe mejorar el marco jurídico, promover la participación ciudadana y dotar de recursos suficientes para la realización de estas consultas.
Los ponentes coincidieron en que la legislación en la materia debe tomar en cuenta el contener medidas de participación ciudadana directa, la regulación de propaganda y uso recursos públicos.
