AUTORIDADES DEBERÁN ATENDER CON PRONTITUD LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR PERIODISTAS POR PRESUNTOS DELITOS COMETIDOS EN SU CONTRA
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS APROBÓ PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA FGE, A LA CEDH Y A LA SSPC: DIP. GABRIELA MARTÍNEZ LÁRRAGA
En reunión de trabajo, las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado aprobaron el Punto de Acuerdo por el que la LXIII Legislatura exhorta a la Fiscalía General del Estado para que atienda con prontitud, íntegra y expeditamente las denuncias que presentan los periodistas sobre posibles delitos que se cometen en su contra.
A la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se pronuncie e inicie queja de oficio cuando se susciten casos de violencia contra periodistas; al Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con el propósito de que se capacite a quienes están a cargo de la Unidad Estatal de Protección en ese rubro para que atiendan debidamente al gremio periodístico.
A la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana para que establezca un número telefónico de emergencia para atender a los comunicadores; y finalmente para que el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí aplique con enfoque diferenciado e interseccional con perspectiva de género a favor de las mujeres periodistas.
La diputada Gabriela Martínez Lárraga, presidenta de esta comisión, indicó que es importante hacer este llamado a la Fiscalía del Estado para que atienda las denuncias de periodistas por las situaciones que viven en el ejercicio de su profesión, “y estas peticiones surgen de las reuniones que han hecho nuestros compañeros de la Comisión Especial de Atención a Periodistas y que estamos impulsando también a través de la Comisión de Derechos Humanos”.
En el mismo sentido, el diputado Eloy Franklin Sarabia, vocal de la Comisión de Derechos Humanos y presidente de la Comisión Especial de Atención a Periodistas, solicitó integrar en el exhorto el instar a la autoridad a adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas y que no los exponga a un mayor riesgo, así como reconocer de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno en todos sus niveles.
Instruir a las fuerzas de seguridad sobre el respeto al trabajo de las y los periodistas y adoptar mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra quienes trabajan en medios de comunicación, incluida la capacitación de funcionarios públicos, en especial las fuerzas policíacas y de seguridad, y la adopción de guías de conducta o directrices sobre el respeto de la libertad de expresión.
Respetar el derecho de los periodistas a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales; sancionar penalmente la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación: y producir datos de calidad, compilar y mantener estadísticas precisas sobre violencia contra periodistas para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas efectivas de prevención, protección y juzgamiento penal de la violencia contra periodistas.
“Y también que la Fiscalía ponga atención en el rescate de las carpetas de investigación que decidieron esconderlas o desaparecerlas en la pasada administración, y el llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para involucrarse un poco más y al Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas para estar trabajando más de la mano con la Fiscalía y las comisiones legislativas para atención a los compañeros”.
El exhorto se turnará al Pleno para su votación.
